*Sepamich a.c. “Servir Para Michoacán”, comparte información.
Morelia , Michoacán; a 29 de septiembre de 2024. Créditos e información de Julio Santoyo Guerrero/Quadratín. Vivir en una pendiente coronada por una hoya agrícola es una experiencia aterradora. En la franja aguacatera michoacana, de acuerdo con datos oficiales del 2019, se habían instalado hasta entonces más de 20 mil con la finalidad de abastecer de agua a las plantaciones. Las hoyas concentradoras son construcciones artesanales y frágiles, ajenas a toda norma aprobada de seguridad, consistentes en un foso excavado cuya tierra se amontona en sus bordes para incrementar la capacidad de almacenamiento y son cubiertas en su interior por geomembrana para evitar la filtración y pérdida del líquido. Geomembrana que suele ser perforada por tortugas y roedores.
De las decenas de miles de hoyas que pueblan la franja aguacatera pocas cuentan con autorizaciones formales. En su inmensa mayoría son ilegales, fueron instaladas y construidas sin contar con estudios de impacto ambiental, sin permiso para el cambio de uso de suelo, sin autorización de Conagua para el aprovechamiento de aguas superficiales o profundas y sin verificación y permisos de Protección Civil estatal o municipal.
Cada hoya concentradora es un cúmulo de delitos ambientales y a la vez de impunidades flagrantes. Y aunque su existencia y cantidad abrumadora es reconocida por las autoridades federales, estatales y municipales, su presencia e incremento anual las desafía y hasta ahora han ganado la partida. Para frenar este fenómeno dañino para el medio ambiente, que limita el cumplimiento del artículo 4° constitucional y pone en riesgo la vida y el patrimonio de miles de pobladores serranos, no ha habido hasta ahora ni siquiera la hoja de un decreto para contener su construcción y regulación como tampoco la aplicación de las leyes vigentes que expresamente las prohíben.
La gran mayoría de estas estructuras son instaladas en pendientes y en las partes más altas de las huertas para que los riegos se puedan hacer por gravedad. En muchos casos están construidas arriba de caseríos o de poblaciones, es el caso de San Pedro (en Madero) con 180 habitantes que le construyeron una hoya justo en su parte alta, en el cerro del Picacho. Es como si los pobladores tuvieran de manera permanente una pistola apuntando a su cabeza.
Las hoyas reportadas lo han sido o bien porque reventaron o bien porque están a la vista de los andantes. La pregunta imprescindible es ¿en qué situación se encuentran las más de 850 hoyas que hay por toda la sierra de Madero y que no están a la vista? Y ¿cómo evolucionarán con las lluvias que se anuncian para el mes de octubre si nos atenemos al hecho de que a estas alturas los suelos están ya saturados de agua? El gobierno de Michoacán y la Fiscalía General del Estado tienen el deber de generar de manera extraordinaria un sistema de monitoreo de todas las hoyas y utilizar para ello el sistema de Guardián Forestal y establecer un programa preventivo con Protección Civil. Es también su deber investigar a los dueños de las hoyas colapsadas y a sus constructores para que paguen los daños físicos y morales ocasionados a los pobladores y evitar que se sigan construyendo al margen de la ley. Las hoyas fuera de la ley y al margen de toda norma y ética de construcción deben ser investigadas y sancionados los responsable. No deben esperar a que las hoyas colapsen y enluten hogares.
Sepamich a.c. “Servir Para Michoacán”, hacemos un llamado para que la autoridad de los tres niveles de gobierno regulen este tema tan preocupante, alzamos la voz y exhortamos a los responsables a tomar medidas necesarias para respetar la norma legal.